A las tradicionales solicitudes de más recursos para educación que cada fin de año llegan a los diputados, esta vez las alertas se prendieron en torno a los rezagos que profundizó la pandemia: hay que frenar el abandono escolar y el deterioro físico de las escuelas, y atender la actualización tecnológica de los maestros y la salud mental de la generación del confinamiento.
El diagnóstico de la situación que covid-19 dejó en el sector fue expuesto por autoridades, sindicalistas del magisterio y académicos en el Parlamento Abierto que la Comisión de Presupuesto de San Lázaro realizó para analizar el gasto educativo que el gobierno se propone ejercer el próximo año.
Tres diputados que siguieron este ejercicio de consulta ciudadana analizaron las posibilidades de ajuste que la propuesta de la Secretaría de Hacienda podría tener ante el panorama compartido.
Para la diputada Amalia García Medina (Movimiento Ciudadano), los ajustes resultan necesarios debido a que “debe ser más puntual en algunos rubros de gasto, particularmente en aquellos programas que podrían ayudar a enfrentar las necesidades del sector educativo en el escenario pospandemia, ya que en el periodo de ésta destacó la desigualdad en el acceso a las tecnologías de la educación: urge cerrar la brecha entre quienes tienen acceso y los que carecen del mismo o lo tiene de manera precaria, pues de otro modo se profundizará la desigualdad”.
Blanca Alcalá Ruiz (PRI), secretaria de la Comisión de Presupuesto, aseguró que para el frente legislativo opositor será prioridad atender las necesidades más sentidas de la población, sin conformarse con los aumentos inerciales. “Porque lo escuchado en el Parlamento Abierto nos da cuenta del número de planteles que estuvieron cerrados y que hoy necesitan desde la rehabilitación de lavabos, pagar la luz, cambio de bombas de agua que se robaron, contar con el mobiliario, el acceso a internet y la atención del rezago escolar”, enumeró.
