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¿Quién era el empresario que hizo fraudes millonarios y se suicidó?

El empresario Luis Oswaldo Espinoza Marín, dueño de la inmobiliaria Asesores Jurídicos Profesionales (AJP), confesó un video, minutos antes de quitarse la vida, ser responsables de fraudes millonarios en Jalisco.

“El responsable éticamente, civil, penal e histórica soy yo”, declaró Luis Oswaldo Espinoza Marín en un video publicado en redes sociales tras su muerte.

Como parte de una investigación en torno a las denuncias presentadas contra la empresa AJP, se ejecutaron órdenes de cateo el pasado sábado 6 de agosto, una en un domicilio ubicado en Paseo de los Virreyes, Zapopan.

LUIS OSWALDO ESPINOZA MARÍN, EMPRESARIO ACUSADO DE FRAUDE MILLONARIO

Luis Espinoza narró a través de un video los fraudes que durante 30 años al frente de la empresa AJP, manejó inversiones del ramo inmobiliario, pero actualmente ya no podía continuar con su vida y todo el dinero producto de inversiones estaban en bienes raíces que están hipotecados.

“Sobre hipotequé los inmuebles que con fruto de sus inversiones adquirí. Durante 29 años pagué a cabalidad todas las obligaciones a todos y cada uno de mis inversionistas, actualmente ya no puedo seguir adelante, todo el dinero que me dieron de inversiones está invertido en bienes raíces que están hipotecados”.

El empresario mencionó en el video que ni sus compañeros de trabajo, familia, esposa e hijos, a quienes aprovechó para pedirles perdón, utilizaron de manera fraudulenta los recursos.

“El responsable éticamente, civil, penal e histórica soy yo”.

Pidió no responsabilizar a nadie de su muerte, además mencionó que su familia fue amenazada por algunos de sus clientes, por lo que solicitó a las autoridades investigar al respecto.

«Actualmente no puedo seguir adelante ni con mi vida, los últimos seis meses de mi vida me siento anímicamente, física y moralmente destrozado, lo he perdido todo”.

Medios locales aseguran que durante más de 20 años Luis Oswaldo Espinoza Marín estafó a varios actores, políticos, deportistas y figuras públicas. Además de que 130 víctimas ya han levantado cargos ante la FGE, cifra que podría aumentar.

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