Luego de que hace dos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a la criminalización del aborto, las carpetas de investigación iniciadas a nivel nacional por esta práctica mantienen el mismo nivel que otros años.
Además, en los congresos estatales hay pocos o nulos avances para tratar de armonizar sus legislaciones locales con el histórico fallo del máximo tribunal.
Estadísticas oficiales con corte a septiembre indican que desde enero se han iniciado 547 carpetas de investigación por aborto, un número similar al que se registró en años recientes completos, como 2015 (544 indagatorias), 2016 (562) y 2017 (547)
Incluso en 2018 y 2019 se iniciaron más, con 604 y 717 causas penales por aborto, respectivamente. Para 2020, el primer año de la pandemia, la cifra fue de 633, casi dos al día en promedio, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
Además, tan sólo en el mismo mes que tuvo lugar la determinación de la SCJN, en México se iniciaron 67 indagatorias por abortos, poco más de dos diarias.
El 7 de septiembre, en un fallo histórico y unánime, los 11 ministros de la Corte protegieron el derecho de las mujeres o personas gestantes que de manera libre decidan interrumpir su embarazo.
El criterio invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, aunque tendrá alcance nacional ya que, a partir del fallo, todos los jueces del país deben aplicarlos al tratarse de una impugnación vía acción de inconstitucionalidad: su resolución tendrá efectos generales al haber superado la mayoría de los ocho votos.
Tras esto, penalizar el aborto es inconstitucional, por lo que las entidades federativas deberán sus códigos penales y otras leyes para armonizarlos con el fallo, pero en algunos casos no ha habido avances, éstos han sido titubeantes, el tema está entrampado o de plano es ignorado.
El 29 de octubre, el Congreso de Baja California aprobó reformas a su Código Penal, su Ley de Salud y su Ley de Víctimas para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, con lo que se convierte en la quinta entidad del país que no castiga el aborto, después de la CDMX, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo.
Sin embargo, en Morelos, organizaciones provida han presionado para que el tema no se aborde. El 23 de septiembre, activistas se congregaron afuera de la sede del Congreso local e incluso algunos ingresaron al lobby, a invitación de Óscar Cano Mondragón, líder de la bancada panista. Legisladores del PAN y del PES han pedido que la reforma sea discutida entre todos los sectores de la sociedad y afirmaron que la jurisprudencia de la Corte sólo es aplicable para Coahuila.
El 28 de septiembre, en Durango integrantes del colectivo feminista Las Que No Arden entregaron a diputados locales siete mil firmas para que se presentan una iniciativa popular para legislar a favor de la despenalización del aborto. A la fecha no ha habido avances.
Para Carlos Eduardo Sánchez Carrillo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, la entidad no está obligada a armonizar su legislación local con la determinación de la Corte.
En Guanajuato, el PAN instó a sus diputados a no despenalizar el aborto.
Sin embargo, el coordinador de la bancada, Luis Ernesto Ayala Torres, señaló que si bien están “a favor de la vida”, se atenderá lo que se determine en la Comisión de Justicia. Cristina Márquez Alcalá, presidente de ésta última, refirió que ya hay iniciativas para despenalizar el aborto y se les dará trámite.
“Pero tenemos que esperar hasta conocer el engrose de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ver el alcance exacto de lo que está resolviendo”, dijo la también panista. “Mientras no conozcamos el alcance total y se nos notifique, no estamos en posibilidad de hacer una modificación”, acotó.
A pesar de algunos exhortos, en Chihuahua tampoco se vislumbran avances. La senadora morenista Bertha Caraveo ha llamado a los legisladores locales a abordar la urgencia del aborto seguro, legal y gratuito.
En Michoacán, el morenista Juan Carlos Barragán, planteó modificaciones a la Ley de Amnistía, bajo la intención de suspender las penas interpuestas en contra de mujeres que se hayan realizado un aborto en cualquiera de sus modalidades.
