El caso sobre la desaparición de los 43 estudiantes en el sur de México ocurrida en el 2014 ha entrado en una crisis ante los cuestionamientos que han surgido contra las investigaciones, la salida del fiscal especial, y ahora el retiro de parte de los integrantes del grupo de expertos internacionales.
Así lo evidenció el lunes el grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una exposición en la que cuestionaron la credibilidad de parte de las evidencias que se utilizaron para armar el más reciente informe de la Comisión de la Verdad que dirige el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
Tras un peritaje de las 467 capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp, que se incluyeron en el informe de la comisión gubernamental, los expertos reconocieron que la prueba presenta «inconsistencia» en cuanto a fechas, la forma de escritura de algunos de los mensajes y los dispositivos que se utilizaron.
«No es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico», plantearon los expertos en su informe.
Ante las inconsistencias Carlos Beristain, integrante del grupo internacional, afirmó tajante que los mensajes de WhatsApp «no pueden considerarse como una prueba digital».
Encinas presentó a mediados de agosto un informe con indicios sobre los presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en la localidad de Iguala, estado de Guerrero, así como en el ocultamiento posterior de los hechos, en el que participaron altos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Los especialistas también se quejaron de la cancelación de 21 de las 83 órdenes de captura que se emitieron en agosto contra presuntos implicados en el caso, y admitieron que ha surgido una confusión al tratar de vincular esas acciones de la Unidad Especial de la Fiscalía General que investiga el caso con el documento de la Comisión de la Verdad, e insistieron en que «no hay ninguna relación» entre las órdenes de detención y el informe de Encinas, pese al que el gobierno ha tratado de relacionarlos.