México es el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que no tiene una política generalizada de protección a víctimas de siniestros viales, pese a que los incidentes de tránsito son una de las 10 principales causas de muerte en la población mexicana, reveló la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
Así, cada año, los accidentes viales representan para el gasto público un monto de 32 mil millones de pesos.
“Con el seguro de protección a víctimas estos recursos podrían optimizarse y emplearse en otras necesidades más apremiantes”, aseguró Juan Patricio Riveroll, presidente de la AMIS.
En el marco de la 33 Convención de Aseguradoras y de cara a una nueva administración a partir del 1 de octubre, el presidente de la AMIS propuso promover la homologación de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como las leyes estatales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para que sea obligatorio en todo el territorio nacional el Seguro de Responsabilidad Civil, así como incluir mecanismos de fiscalización del Seguro de Responsabilidad Civil.
Asimismo, en México se observa un envejecimiento en la población, además de que gran parte de esta padecen enfermedades crónico degenerativas que demandan atención médica especializada.
“Consideramos que se debe reforzar la viabilidad financiera de los sistemas de salud para garantizar el acceso a la salud con calidad para todos los habitantes de México.
“Por ello, buscamos promover la participación de los seguros privados en el financiamiento de la salud y como complemento de los servicios públicos para reducir el gasto de bolsillo, impulsar normas que garanticen la seguridad, la disponibilidad y la información suficiente para el paciente en el ámbito privado, así como incrementar el acceso a los servicios de salud a todos los estratos de la población coadyuvando con el gobierno mediante el impulso de regulaciones que faciliten este apoyo”, destacó Riveroll.
El sector asegurador ha desarrollado una serie de propuestas con visión social plasmadas en el documento denominado “México asegurado”, el cual ya están entregando a los candidatos a la presidencia para su estudio y uso para su próxima administración.
Cambio climático y vejez
México tiene un alto riesgo catastrófico a causa de fenómenos de la naturaleza que han incrementado su frecuencia y severidad en los últimos años. Se estima que 77 millones de mexicanos son vulnerables a estos fenómenos, aunado al bajo nivel de aseguramiento que sólo equivale a 2.4 del producto interno bruto (PIB), cifra inferior al promedio de la OCDE, que es alrededor de 9.0 por ciento.
Por eso la AMIS, integrada por 85 compañías de seguros en México, consideró que es necesario impulsar mecanismos de promoción al aseguramiento voluntario de empresas y familias mediante estrategias conjuntas con el sector público, así como la participación del sector privado.
Promover un estudio de gestión integral de riesgos en todos los estados, y la utilización de seguros paramétricos que socialicen los beneficios del seguro para la población y para los gobiernos.
Para 2050 se estima que 17 por ciento de la población de hombres y 20 por ciento de la de mujeres en México tendrán 65 años o más, y aunque se han realizado reformas que logren una buena calidad de vida en la época del retiro, aún es insuficiente.
Y es que 60 por ciento de la población económicamente activa (PEA) trabaja de manera independiente y no cuenta con mecanismos que fomenten el ahorro para su retiro, por eso proponemos ampliar el alcance y las modalidades de las rentas vitalicias que permitan diversificar la oferta, la promoción y estímulo de los planes personales de retiro que complementen los esfuerzos realizados por la seguridad social.
“México tiene muchos profesionistas independientes, hay mucha gente no incluida en la parte del sistema de ahorro para el retiro (SAR) y hay que diseñar mecanismos para esa etapa y para toda la población. Es importante tener varias herramientas y distintos productos para atender a distintos segmentos de la población”, destacó Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), con respecto a la propuesta de la AMIS.