El gobierno de Perú cumplirá una solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de no liberar al expresidente Alberto Fujimori hasta que ese tribunal pueda decidir sobre una petición de medidas provisionales, según lo confirmó un funcionario el miércoles. El procurador especializado supranacional del Estado peruano, Carlos Reaño, lo confirmó y dijo que la resolución de la Corte IDH está siendo notificada a la agencia penitenciaria que administra las cárceles. El expresidente iba a ser excarcelado pronto en atención a una polémica orden emitida hace 13 días por el Tribunal Constitucional, que hace dos semanas reactivó un indulto humanitario otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en 25 asesinatos durante su gobierno (1990- 2000). El expresidente fue declarado culpable en 2009 de autoría mediata en dos matanzas. Una ocurrió en una zona pobre llamada Barrios Altos y en la otra se mató a personal de La Cantuta, una universidad que forma profesores. La noticia de la solicitud de la Corte IDH fue difundida primero por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una organización civil que representa a algunas víctimas del expresidente. Daniel Pinilla, director de comunicaciones del CEJIL, emitió un comunicado diciendo que la Corte ordenó a Perú que no libere a Fujimori para antes poder «garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta». Keiko Fujimori, la hija del exmandatario, declaró por la noche en redes sociales: «mi familia hace responsable a este gobierno de las consecuencias que su decisión pueda generar en la vida y la salud de Alberto Fujimori». Fujimori cumplía desde 2007 la sentencia por los asesinatos, ejecutados durante su gobierno por un escuadrón militar clandestino que mataba con impunidad mientras combatía al grupo terrorista Sendero Luminoso. Además de la sentencia de 25 años, el expresidente está condenado en otros tres casos de corrupción, por los cuales debe 13,6 millones de dólares.
