El presidente salvadoreño Nayib Bukele ordenó que se decrete emergencia máxima en todas las cárceles donde cumplen condenas los miembros de las pandillas a los que responsabiliza por una reciente ola de violencia.
Esta medida se anuncia apenas una horas después de que el Congreso autorizara, también a pedido del presidente, el estado de excepción que limitará las garantías individuales y después de que hubo 62 asesinatos sólo el sábado, relacionados con los Mara Salvatruchas.
«Declárase en todo el territorio nacional régimen de excepción derivado de las graves perturbaciones al orden público por grupos delincuenciales»
Entretanto las autoridades incrementaron los patrullajes y allanamientos de las fuerzas combinadas de policías y soldados en todo el país, con especial énfasis en zonas en los barrios con presencia de pandillas.
El Ministro de Justicia y Seguridad Publica, Gustavo Villatoro, lideró el domingo los allanamientos en el Distrito Italia, en la periferia este de la capital, con alta presencia de pandilleros.
Se reportó la captura de otro cabecilla de estos grupos criminales, que según las autoridades «ordenaba a otros sujetos cometer delitos y coordinaba las reuniones ilícitas de la pandilla (Mara Salvatrucha) MS-13 en Apopa».
En Twitter, el presidente ordenó al director del sistema penitenciario, Osiris Luna Meza, «decrete nuevamente emergencia máxima en todos los penales de seguridad y máxima seguridad, todas las celdas cerradas 24/7, nadie sale ni al patio».
En abril de 2020, Bukele también ordenó un encierro total las 24 horas en todas las cárceles y selló algunas de las celdas con láminas metálicas, luego de un repunte de la violencia atribuida a las pandillas.
La medida recibió fuertes críticas al ser considerada una violación de los derechos humanos de los pandilleros, algunos de los cuales cumplen condenas de más de 60 años por los crímenes cometidos.
Recientemente un juzgado declaró culpables de diversos delitos a 42 miembros de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios que operan en el centro histórico de la capital y a uno de los cabecillas le impuso 472 años de prisión.
Con el estado de excepción se suspenden las garantías constitucionales de la libertad de asociación, derecho de defensa, se amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y se autoriza la intervención de las comunicaciones de grupos delictivos.
La suspensión de garantías constitucionales no afecta a la libertad de expresión o libre circulación.
La medida durará 30 días, aunque «si continúan las circunstancias que la motivaron», se podrá extender en otros 30 días.
