Al argumentar razones de seguridad, el gobierno de Veracruz confirmó la negativa para que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice el voto de personas en prisión preventiva en la entidad.
Acorde con datos oficiales, en Veracruz hay 4 mil 854 personas en esa condición, recluidos en 18 centros.
Si bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha señalado que las personas en esa condición no han perdido sus derechos políticos, y por tanto pueden sufragar, también establece que el INE debe firmar convenios con los gobiernos estatales y las autoridades penitenciarias, cuyo aval es indispensable para garantizar la seguridad, por ejemplo, del personal del INE que ingresa a los centros y recaba los votos.
La decisión de Veracruz fue comentada ayer durante la sesión de la comisión de Capacitación y Organización Electoral, donde el encargado de la dirección jurídica del INE hizo referencia a la dificultad de avanzar debido a la posición expresa del gobernador.
La consejera Dania Ravel pidió documentar las gestiones del organismo así como la respuesta del Ejecutivo de la entidad en mención.
Previo a esta sesión, se instruyó a las áreas involucradas agotar todos los recursos con los que cuenta el INE, a fin de maximizar la protección de los derechos de las personas en prisión preventiva y evaluar las acciones jurídicas para conseguir el objetivo.
En tanto, Yucatán – donde hay 573 personas en prisión preventiva- si bien había manifestado el mes pasado dificultades para operar esta elección especial, debido a problemas técnicos para la plena identificación de las personas, apenas esta semana aseguró que sí firmaría el convenio.
Ello representa una dificultad, pues el INE deberá trabajar a marchas forzadas para que Yucatán alcance al resto en los preparativos para identificar, en principio, a las personas privadas de su libertad y si están inscritas en el padrón y/o tienen su credencial de elector vigente.
A nivel nacional se calcula que hay poco más de 86 mil personas en prisión preventiva, alojadas en alguno de los 255 centros en los que es factible la realización de estos comicios anticipados a la jornada electoral del 2 de junio. Las entidades con más personas en esa condición son Ciudad de México, Baja California, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Michoacán y Sonora.
Además del voto en prisión preventiva, el INE organiza otros comicios especiales, como el de los mexicanos que viven en el extranjero y las personas en postración o impedidas para ir a una casilla.
En otro tema, la coalición encabezada por Morena, manifestó su preocupación por los nuevos procesos para registrar a quienes representarán a los partidos en las 170 mil casillas a instalar el 2 de junio, así como a quienes deban sustituir de última hora, en mayo próximo.
Lo anterior porque el INE debe validar – entre otros aspectos- que las personas propuestas por los partidos no sean funcionarios públicos, específicamente Servidores de la Nación, responsables de la operación de los programas sociales del gobierno federal.