El gobierno de la Ciudad de México desarrolla una estrategia legislativa para el reconocimiento de derechos laborales de los repartidores que trabajan a través de plataformas digitales, como Uber Eats, Rappi, DiDi e iVoy.
El mayor objetivo es “una nueva figura jurídica que regule y proteja el trabajo en plataformas digitales”, a las cuales se les asignarían “responsabilidades patronales, como salario mínimo, seguridad social y seguridad en el trabajo, vacaciones y reconocimiento al derecho a la sindicalización y negociación colectiva”.
Para conocer la situación que vive este sector, el Colegio de México y las secretarías de Movilidad y del Trabajo y Fomento al Empleo realizaron el estudio El trabajo del futuro con derechos laborales.
Los resultados fueron presentados ayer en la primera Sesión Ordinaria 2021 de la Asamblea General del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, encabezada por la jefa de Gobierno.
Algunos de los hallazgos son que los repartidores por plataformas no son tan jóvenes como se piensa ni estudiantes: si bien 40 por ciento son menores de 25 años, más de 41 por ciento tiene entre 26 y 40 años, y 19 por ciento tiene más de 40 años.
No se trata de un trabajo secundario, pues para ocho de cada diez es su único medio de subsistencia, y tampoco es ocasional: la mitad señaló que es un trabajo de largo plazo, ya que, aunque “no hay posibilidad de mejora”, tampoco ven oportunidades en el mercado formal.
El estudio mostró que dos plataformas concentran a ocho de cada diez repartidores, el promedio de horas trabajadas muestra jornadas prolongadas y el salario promedio está por debajo del salario base de cotización del IMSS.
Los resultados se basan en encuestas y grupos de enfoque con repartidores, grupos de enfoque con representantes de las empresas digitales, y entrevistas con usuarios del servicio y encargados de restaurantes, incluyendo dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).
Los encuestados, de una muestra de mil ocho repartidores, señalaron que tienen disposición para sacrificar “libertad” o flexibilidad laboral para tener derechos y seguridad social, sin embargo hay resistencia de parte de las plataformas a reconocer derechos laborales. A lo que muestran disposición limitada es a brindar apoyos sociales puntuales.
En el diagnóstico se destaca que la pandemia puso en evidencia la importancia del trabajo de las personas repartidoras y conductoras y lo injusto de la falta de protección que tienen.
Además, señala que existe creciente consenso y jurisprudencia de países desarrollados acerca del vínculo laboral entre trabajadores y plataformas.
Concluyen que es importante recordar que los trabajadores de plataforma constituyen una nueva informalidad laboral, uno de los problemas más graves del mercado de trabajo en México.
