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Productores agrícolas y autoridades impulsan la eliminación de glifosato

A pesar del clima adverso y la falta de agua, Baja California es una de las tierras más fértiles de México para la producción de alimentos y de horticultura de exportación, como el cebollín y los espárragos.

El Valle de Mexicali domina la geografía agrícola del estado con sus cultivos de trigo, algodón, alfalfa y maíz, seguido por el Valle de San Quintín con tomate rojo, cebolla, calabacita y frutillas como frambuesa, arándanos y zarzamora, así como Ensenada, donde se siembra cebada, avena y centeno, de acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Según el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Baja California, ocupa el segundo lugar a nivel nacional en valor de producción agrícola, con 94 mil 510 pesos por hectárea, sólo detrás de Baja California Sur.

Ante la necesidad de mantener los estándares de calidad, pero sobre todo proteger la salud de la población, la inocuidad de los alimentos y evitar la degradación de los suelos, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) mantiene una campaña de verificación en los campos de cultivo y las empresas dedicadas a la distribución, venta y manejo de plaguicidas, herbicidas y defoliantes agrícolas.

En entrevista con Excélsior, Marco Aurelio Gámez Servín, titular de la Coepris en Baja California, informó que en respuesta al decreto presidencial que prohíbe el uso de glifosato a partir de enero de 2024, se impulsa la eliminación gradual de este peligroso herbicida en la entidad.

Indicó que las actividades se realizan con el apoyo de 146 inspectores y técnicos especialistas en materias como salud ocupacional, salud ambiental y operación sanitaria, entre otras.

Destacó que hace dos meses cuando tomó posesión del cargo, detectó el incumplimiento de la norma que rige el uso de agroquímicos, por lo que se dieron a la tarea de revisar que todos los productos tuvieran su etiquetado y la autorización de importación correspondiente.

Gámez Servín manifestó que los productos químicos que pasaron por la frontera sin autorización y que se desconoce su contenido, son asegurados y enviados al laboratorio del estado, para analizarlos y proceder a su destrucción.