Una extensa red de al menos 45 empresas fantasma son investigadas por defraudación fiscal y lavado de dinero en México y Estados Unidos que fueron utilizadas por los líderes de los Zetas en Nuevo León, el PRI, PVEM, gobiernos estatales, en sexenio de Enrique Peña Nieto y por la alcaldía del PAN en Benito Juárez.
Para la creación de las empresas que operaban en cinco países, fueron robados los datos personales e identidades de un grupo de adultos mayores de una colonia popular de Monterrey, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Tan sólo a seis empresas de esta red, el SAT determinó entre 2019 y 2020 adeudos fiscales superiores a los 107 millones de pesos.
Todos residen en viviendas de la calle Espátula en la colonia Valle Verde en Monterrey, una colonia popular de esa ciudad. Ninguno sabía que eran empresarios hasta que el SAT empezó a enviarles requerimientos por supuestos incumplimientos en el pago de impuestos.
La mayoría de las empresas de esta red fantasma tuvieron una vida efímera. Más de 25 fueron creadas entre febrero y agosto de 2013 y dos años después ya habían sido liquidadas.
Pero eso les bastó para hacerse de contratos por más de 70 millones de pesos en el Gobierno federal y con autoridades de Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, el Estado de México y la Ciudad de México.
Al PRI y al Partido Verde, les facturaron supuestos servicios de publicidad, transporte y equipos de oficina.
También facturaron a dependencias gubernamentales de gobierno de Enrique Peña como Comunicaciones y Transportes, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Instituto Nacional de Migración.
