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Familiares de víctimas de Ayotzinapa organizan caravana por escuelas normales

Ante los nulos avances por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, familiares de las víctimas han decidido organizar una caravana por 16 escuelas normales que existen en el mismo número de estados en este país. En las escuelas normales rurales de México, entre las que se encuentra Ayotzinapa, se forman a maestros normalistas cuyo objetivo es llevar educación primaria a las comunidades marginadas y empobrecidas del país. Ante este escenario, De la Cruz dijo que los familiares de los estudiantes han decidido “organizar una caravana por todo el país”, donde recorrerán los 16 estados en los que se ubican las escuelas normales rurales, iniciando el próximo 14 de febrero y aunque no precisaron donde arrancarán apuntaron tres rutas sur, bajío y norte de México.


Los padres enfatizaron que de llegar a la verdad de este hecho “que avergüenza a México”, y si se comprueba que fue un crimen de Estado, los tres poderes el Ejecutivo, Legislativo y Judicial de México “deben dar una respuesta ante el acontecimiento”.Durante las investigaciones del caso Ayotzinapa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nombró a un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, para coadyuvar en las averiguaciones y De la Cruz dijo que actualmente están colaborando cuatro de los cinco expertos que estaban en un principio. El vocero expresó que para saber el paradero de los jóvenes los padres quieren romper el pacto de silencio que hicieron, “tiene que haber detenciones porque si no vamos a seguir en lo mismo y ya no queremos reuniones tras reuniones y que siga la misma información reunión”.
Adelanto que el próximo 5 de marzo se llevará a cabo otra reunión con el presidente López Obrador en la que esperan que los resultados de los restos que fueron encontrados en enero, se puedan dar a conocer, ya que fueron trasladados a Innsbruck, Austria. La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura, según la versión oficial. Pero un grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigó el caso y sostuvo la imposibilidad de que los 43 cuerpos fueran quemados en el basurero y desveló que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.

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