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En 2019, Función Pública más de 2 mil 500 auditorías

La Secretaría de la Función Pública presentó un informe de las auditorías hechas en su primer año de gestión, donde destaca que durante 2019 realizó casi 3 mil 400 actos de fiscalización. De esa cifra, más de 2 mil 500 fueron auditorías que generaron más de 10 mil observaciones asociadas a más de 544 mil millones de pesos, refirió la titular de la dependencia federal, Irma Eréndira Sandoval, ante miembros del gabinete legal y ampliado. Indicó que el monto ejercido con presuntas irregularidades es superior al presupuesto federal total de los sectores de Educación y Salud, los dos con más recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En materia de obra pública, la Secretaría llevó a cabo 127 actos de fiscalización: 36 auditorías, 50 visitas de supervisión y 41 verificaciones de calidad, que derivaron en 674 observaciones con un monto por aclarar, justificar o recuperar de 20 mil 598 millones de pesos.


Como resultado de la fiscalización e investigación, la SFP abrió más de 400 procedimientos de responsabilidad administrativa o informes de irregularidades. En materia de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, específicamente, en 2019 solventó 81 expedientes, 63 de ellos con resoluciones sancionatorias que le permitieron imponer multas por casi 23 mil millones de pesos. Al respecto mencionó casos ejemplares de corrupción como el desvío del trazado de una carretera, en Puerto Vallarta-Manzanillo, para liberar terrenos junto a la playa y beneficiar a un desarrollador turístico. Así como el desfalco en el Indabin con la cesión indebida de 2.42 hectáreas del Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal, a dos empresas y dos personas físicas, con un probable daño patrimonial de 940 millones de pesos. Refirió que, en otros casos, como el del aeropuerto en Texcoco, la Función Pública identificó irregularidades por cerca de 19 mil millones de pesos que incluyen más de 6 mil millones en anticipos que están pendientes de amortizarse o recuperarse y otros 6 mil millones usados para pagar obras sobre las que no hay evidencia de ejecución. Añadió que con auditorías a la operación regional, fiscalizó ocho programas de salud, educación, carreteras, agua potable, turismo, indígenas, personas con capacidades diferentes y cultura física y deporte, financiados con recursos federales transferidos a los estados mediante convenios de reasignación que en 2018 alcanzaron 236 mil 430 millones destinados a 53 programas en total.

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