Buscando cerrar el paso a la próxima legislatura de mayoría de Morena, que ha manifestado su intención de reactivar el tema del desafuero del gobernador, la fracción del PAN propuso nuevos candados a la Constitución del Estado.
La iniciativa con proyecto de decreto, propuesta por Acción Nacional fue presentada por el presidente de la Comisión de Justicia, Félix Fernando García Aguiar, mediante el cual se adiciona un párrafo tercero al artículo 84 de la Constitución del Estado y un párrafo tercero al artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En su exposición de motivos, señaló que el artículo 40 de la Constitución Política, establece la forma federal del Estado, mismo que dota a las entidades federativas de una particular condición jurídica de soberanía o de libertad configurativa, mientras que el primer párrafo del artículo 41 de la Carta Magna, establece el principio de soberanía dividida.
Por lo que se deduce, dijo, la importancia de consolidar un sistema de responsabilidades con esas características que desarrollen a cabalidad la declaración de procedencia, como procedimiento clave de dicho sistema.
Recordó que la reforma al título cuarto de la Constitución General de 1982 actualizó el régimen de responsabilidades constitucionales de los servidores públicos federales y locales.
Estableció excepciones a la facultad de las entidades federativas para responsabilizar exclusiva y sistemáticamente a sus servidores públicos locales; “una de dichas excepciones quedó dispuesta en el párrafo quinto del artículo 111 constitucional, y consta de un procedimiento compuesto para atribuir responsabilidades penales a ciertos altos funcionarios de las entidades federativas por delitos federales”.
En el mismo decreto, se adicionó un procedimiento especial de declaración de procedencia, en el párrafo 5° del artículo 111 de la Constitución, el cual faculta a las Legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda para llevar a cabo la declaración de procedencia que permita proceder penalmente en contra de los gobernadores, diputados locales, magistrados, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía.
