La defensa del exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, solicitó el aplazamiento del juicio contra su cliente, quien se encuentra detenido en Nueva York, Estados Unidos, hasta enero de 2023.
En lugar de llevar a cabo el juicio para octubre de este año 2022, para cuando está programado, los abogados del exfuncionario del expresidente Felipe Calderón Hinojosa mexicano piden que sea movido, al menos, en enero del siguiente año.
De acuerdo con documentos legales, introducidos a través del sistema electrónico de las cortes federales durante el martes por la noche, la defensa del exsecretario afirma que el volumen de pruebas que deben revisar es enorme.
Por ello, aseguraron necesitar más tiempo para revisar toda la evidencia que presentarán los fiscales de distrito de Nueva York. Según la petición, la evidencia que será presentada contra García Luna consta de más de un millón de hojas.
Además de revisar estos documentos, los abogados de García Luna deberán investigar y entrevistar testigos para corroborar o poner en entredicho esta evidencia.
La misiva en la que la defensa de García Luna solicita un aplazamiento del juicio, fue dirigida a Brian Cogan, juez encargado del caso. César de Castro, Valerie Gotib y Shannon McManus firmaron la solicitud formal de aplazamiento.
García Luna permanece en prisión desde diciembre de 2019, tras ser acusado por el Gobierno de Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa mientras se desempeñaba como Secretario de Seguridad de Felipe Calderón.
Entre los participantes en el juicio, figura el nombre de Jesús “El Rey” Zambada, considerado una de las piezas clave para hablar sobre la relación con el exsecretario de Seguridad, después de que declarara en el juicio de “El Chapo” Guzmán la entrega de maletines con dinero a nombre del Cártel de Sinaloa.
“Como exfuncionario gubernamental de alto rango con vínculos profundos tanto con el gobierno mexicano como con el Cártel de Sinaloa, es probable que tenga la intención y los recursos para intimidar a los testigos”, indica un documento de la Corte.
