El decreto que prohibe las grasas trans en México entró en vigor a partir de este miércoles 20 de septiembre. Sin embargo, aún falta que el Ejecutivo publique el reglamento donde se establecerán los ejecutores y sus responsabilidades. Este tiene dos objetivos: que ya no se le añadan grasas trans a los productos y que no se distribuyan productos que tengan más del 2% de ácidos grasos trans del total de estos.
“Tras la entrada en vigor, se necesita conocer a las unidades ejecutoras —que se detallarán en el reglamento—. En este caso podrían pertenecer a la Secretaría de Salud o Profeco”, explica Francisco Acosta Santiago, consultor de asuntos públicos. “En el reglamento se establecen las reglas de cómo se llevarán a cabo los procesos. Este decreto contiene qué se realizará y el reglamento explica cómo hacerlo. Sin embargo, en muchas ocasiones, tardan mucho tiempo en darse a conocer los reglamentos en México”.
Esta ley prohibe que los alimentos, bebidas, aceites y grasas comestibles tengan grasas trans. El decreto, aprobado a inicios de año, será permanente y afectará la línea de producción de múltiples empresas en el país. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, este tipo de grasas empeora la salud de las personas y mata a más de 13.000 mexicanos al año y cerca de 500.000 personas en todo el mundo.
El 9 de febrero de este año, la Cámara de Diputados aprobó (con 472 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones) el artículo 216 bis de la Ley General de Salud en materia de regulación de ácidos grasos trans o grasas trans. A partir de este miércoles, esta acción legal prohibirá los ácidos y grasas trans añadidos en productos comestibles. Además, estos no deberán contar con más del 2% de su contenido total de ácidos grasos.
“Esta reforma se debe a las recomendaciones de la OMS, pues este tipo de grasas causan cardiopatías, problemas en el corazón. Sin embargo, la dieta nacional no se basa solo en ultraprocesados, sino en otras comidas del diario porque son más baratas, pues no se puede acceder a otros alimentos o no se tiene el tiempo para cocinar”, explica el consultor.
Esta política es parte de otras dos acciones del gobierno enfocadas a la reducción y combate al sobrepeso y publicidad de estos productos: una es el etiquetado, que señala los altos niveles de azúcares, calorías y sodio de los productos, y otra es la prohibición de cierta publicidad, como los personajes asociados a ciertos cereales y papas procesadas.
El experto en la materia considera que este movimiento no atiende a una causa determinante del problema. “Lo clave tendría que ser el ejercicio, la dieta saludable, la educación alimentaria, los programas sociales para educar sobre esto y brindar alternativas sanas”, explica. “La realidad es que estas políticas no son amplias para enfrentar esta problemática. Al ser de fácil implementación y bajo costo para el gobierno, este sector deja una importante responsabilidad a los privados en vez de realizar campañas educativas”.