Iniciamos mayo con la noticia de que en el primer día del mes ocurrieron 112 asesinatos en el país. Esto coloca al primer día de mayo en el top diez de jornadas más violentas en lo que va del sexenio del presidente. Asimismo, de acuerdo con los datos sobre homicidios del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el número total de homicidios en lo que va de la presente administración acaba de rebasar los 120 mil, cifra mayor a los homicidios que ocurrieron durante todo el sexenio del expresidente Felipe Calderón, quien lanzó una estrategia para capturar (vivos o muertos) a los grandes capos del crimen organizados en México.
A dicha estrategia se le conoció como la “guerra mexicana contra el narcotráfico,” y fue duramente criticada por el entonces opositor Andrés Manuel López Obrador. Para acabar de tajo con la estrategia combativa de sus predecesores, el presidente López Obrador lanzó su propia estrategia de seguridad que consiste en “abrazos, no balazos”. Aunque esta estrategia continuó con la presencia de militares en las calles, las persecuciones de los grandes capos del narcotráfico pasaron a segundo plano, concentrándose en detener el flujo ilegal de inmigrantes y el “huachicoleo”. Asimismo, se ha intentado priorizar programas que ataquen la pobreza y la incorporación de jóvenes a las filas del crimen organizado. Sin embargo, el resultado de la estrategia, con base a las cifras ya mencionadas, es desastroso.
La razón por la que dicha estrategia de seguridad no ha funcionado, tal y como sucedió con las estrategias pasadas, es que se ha ignorado las razones estructurales de la impunidad y de la inseguridad en México. La mayor razón de dichas fallas estructurales reside en el porcentaje que se invierte en justicia y seguridad ciudadana como proporción del producto interno bruto (PIB). De acuerdo con el reporte “Mejor gasto para mejores vidas” del Banco Interamericano de Desarrollo, México es uno de los países que menos invierte en seguridad pública, con menos del uno por ciento del PIB. Esto se asemeja a lo que gastan países como Honduras, Guatemala o República Dominicana. En dólares ajustados al nivel de precio, gastamos unos 100 dólares per capita al año. Dicha cifra es muy lejana a lo que destinan otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quienes erogan casi 600 dólares per capita, contribuyendo a un gasto total promedio de dos por ciento como proporción del PIB. Para alcanzar el gasto que se destina a la seguridad pública en este club de países ricos, deberíamos de por lo menos duplicar los presupuestos para este ramo.
Otra razón estructural por la que han fallado las estrategias de seguridad pública en el país, radica en que dentro del presupuesto que se destina a la seguridad ciudadana, México es de los países que menos porcentaje de dicho presupuesto asigna a las policías y a las fiscalías penales (ministerios públicos). Mientras que en México solo se destina 40% a las policías y fiscalías, en países como España o Italia ese porcentaje ronda el 70%. Esto ahoga las capacidades de investigación y prevención del delito. Tan solo en el 2019, antes de la pandemia, se abrieron más de dos millones de carpetas de investigación en los diferentes ministerios públicos del fuero común, de acuerdo a datos del INEGI.
Eso corresponde a una carga de trabajo de cerca de 300 expedientes anuales por cada agente del ministerio público. Es decir, cada fiscal puede destinar cuando mucho 24 horas para investigar un delito, antes de que llegue el siguiente caso. Eso hace imposible armar las carpetas de investigación de manera adecuada, de tal modo que los responsables de los delitos puedan ser llevados ante la justicia. Por tanto, si se decide destinar más presupuesto a la justicia penal y a la seguridad ciudadana como porcentaje total del PIB, dicho presupuesto debe de ir a la formación, capacitación y contrataciones de más policías y fiscales penales.
Finalmente, una nueva estrategia de seguridad debe de considerar que el fenómeno del crimen organizado en México comienza a capturar las capacidades del Estado, y que expande su influencia más allá del ámbito local. Lo anterior significa que se debe avanzar hacia una nueva reforma penal que restablezca el Estado de Derecho, re-catalogando los delitos de alto impacto que retan las capacidades del Estado tales como el homicidio, el feminicidio, el secuestro, la extorsión y el robo de vehículo a mano armada. Es decir, dichos delitos deben de pasar del fuero común (gobiernos estatales) al fuero federal (gobierno federal). Esto supondría destinar una gran parte de los elementos de la Guardia Nacional (y/o Policía Federal) a tareas de investigación y vigilancia para prevenir dichos delitos de alto impacto. Aún más, se podría crear una fiscalía de alto impacto, tal y como existe en varias entidades federativas, en el ámbito federal que armen las carpetas de investigación de un modo más especializado para los delitos de alto impacto ya mencionados.
El presidente López Obrador cuenta con el capital político necesario, y con la cantidad suficiente de gobernadores aliados, para empezar a cambiar de manera estructural los retos de justicia y seguridad ciudadana que México enfrenta. Esperemos que haya talento y voluntad política antes de que sea demasiado tarde.
