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Secuestran a 27 empleados de call center en Cancún

Autoridades mexicanas investigan la desaparición de al menos 27 personas que fueron sacadas a la fuerza de un centro de ventas vacacionales por teléfono ubicado en una zona residencial en el balneario mexicano de Cancún.

A través de su cuenta de Twitter, Jesús Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública en el suroriental estado de Quintana Roo, dio este miércoles a conocer que investigan la desaparición de los trabajadores.

«Todas las instituciones estamos atendiendo las denuncias sobre la desaparición en Benito Juárez. Según testigos, hubo un inusual movimiento de personas en un negocio, sin que hubiera violencia ni armas de fuego. Respetuosamente solicitamos no especular», publicó en sus redes sociales.

De acuerdo con una tarjeta informativa emitida este miércoles por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, este organismo ya inició la carpeta de investigación relacionada con estos hechos por la «posible privación ilegal de la libertad en agravio de al menos 27 personas».

La Fiscalía del estado señala que, de acuerdo con las primeras investigaciones y según testigos, un grupo de personas desconocidas irrumpió en una casa habilitada como oficina para realizar servicios para la venta de espacios vacacionales por teléfono, y se llevaron a los trabajadores en dos camionetas.

«Salieron del lugar con los empleados, sin que se advirtiera señales de violencia o la presencia de armas; hasta el momento se desconoce su paradero», indicó la tarjeta informativa.

Una de las líneas de investigación que dio a conocer la Fiscalía está relacionada con problemas entre los socios de la empresa, pues refieren que hace unos 15 días se separaron.

«Se sabe que los sujetos que participaron también se llevaron tres autos y una moto propiedad de las personas que trabajaban en el establecimiento», indicó la Fiscalía estatal.

Según informan los vecinos, los hechos ocurrieron a las 18.00 hora local del martes (23.00 GMT) pero no se reportaron a las autoridades hasta horas más tarde.

El caso es investigado como una «posible privación ilegal de la libertad» por autoridades de los 3 niveles de gobierno.

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