A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez federal giró una orden de aprehensión contra Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), acusado de tortura y omisión de datos en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Zerón de Lucio es considerado el «arquitecto» de la llamada «verdad histórica», la versión de los hechos que en su momento presentó Jesús Murillo Karam, al frente de la Procuraduría General de Justicia (PGR), sobre la desaparición y destino de los estudiantes.
El exdirector de la AIC elaboró la hipótesis de que los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula. Los padres de los estudiantes han estado solicitando su arresto con el fin de que rompa «los pactos de silencio» y «colabore en el esclarecimiento» del crimen.
Además de Zerón, se ha girado una orden de aprehensión contra Carlos Gómez Arriera, exdirector de la Policía Federal Ministerial. Ambos son acusados de tortura, desaparición forzada, alterar la escena del crimen, así como la pérdida y ocultamiento de pruebas para la administración de justicia por el caso.
Una prueba de la manipulación de pruebas sería un video filtrado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en 2016, donde se observa a Zerón junto a Agustín García Reyes, alias «El Chereje», sicario de Guerreros Unidos, en el Río San Juan de Cocula, donde el 28 de octubre de 2014 fueron halladas dos bolsas de plástico con restos óseos quemados, algunos de los cuales correspondán a Alexander Mora Venancio, uno de los normalistas.
Esta diligencia, cabe decir, no fue oficializada en el expediente del caso Ayotzinapa, por lo que se especula que ese día Zerón manipuló las pruebas para la investigación.
La FGR también sostiene que el exdirector de la AIC ordenó indebidamente a los peritos de la extinta PGR buscar específicamente bolsas en el río de Cocula, impidiendo que toda la zona fuera analizada.
De acuerdo con el periodista Álvaro Delgado de Proceso, existen nuevas evidencias que señalan la participación activa de elementos del Ejército en la desaparición de los normalistas, actuando en presunta complicidad con miembros del crimen organizado.
