Alrededor de 150 reclusos podrían ser puestos en libertad en Guerrero por su situación de vulnerabilidad ante el COVID-19.
Esto a raíz de la propuesta que el gobierno guerrerense ha hecho al Poder Judicial del estado, la cual consiste en analizar y determinar los casos de las personas que podrían ser liberadas ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus.
En concreto, los reclusos que sean más vulnerables al virus por su edad avanzada, embarazadas o a cargo de cuidar hijos menores dentro de los penales son quienes podrían alcanzar la libertad, de acuerdo a la solicitud elaborada por Florencio Salazar, secretario General de Gobierno, y David Portillo, secretario de Seguridad Pública.
Asimismo, el gobierno estatal pidió al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Alberto López Celis, determinar los presidiarios que al estar próximos a cumplir su condena puedan acceder a la preliberación establecida por la ley.
Todo esto con el fin de evitar los fallecimientos a causa del COVID-19 en las instalaciones del penal dada la desventaja social en que se encuentran los internos.
45 de los reclusos podrían alcanzar la libertad al cumplir su sentencia entre los meses de mayo a diciembre de este año, mientras que otros 103 serían liberados por criterios de política penitenciaria, con los que suman 148 personas, según el primer diagnóstico de las autoridades penitenciarias locales.